Residencias

Necesitamos dejar atrás argumentos falaces contra las residencias de mayores y recuperar de manera urgente nuestra confianza en ellas. En una sociedad donde la esperanza de vida cada vez es mayor, las residencias incrementan la calidad de vida de nuestros mayores cuando sus facultades se ven mermadas y precisan de asistencia. Abandonar el hogar propio para realizar la última mudanza no es un proceso sencillo. Un mejor cuidado implica renunciar a gran parte de intimidad para convivir en un nuevo recinto con desconocidos, ver restringida la capacidad de decisión acerca de los horarios propios y adaptarse a nuevas rutinas.

Escuchando declaraciones de algunos políticos sería normal que las personas mayores no quisieran mudarse a esos lugares tenebrosos en los que son maltratados y se les abandonan hasta que fallecen ahogados en completa soledad. Sin embargo, la alternativa no sería menos dramática, con ancianos que podrían fallecer en la soledad de sus hogares o que sufrirían caídas, desnutrición o falta de higiene a causa de su deterioro físico o psíquico. Ante esa situación tendríamos que analizar: ¿cómo funciona en realidad nuestro sistema de residencias? ¿es cierto que la mayoría de las residencias están organizadas por fondos buitres que juegan con la salud de nuestros mayores?

Lo primero que podemos examinar es que no cualquier edificio sirve para albergar una residencia de mayores. Se precisa de autorización administrativa para abrir una residencia. Existe una amplia regulación a la que se tiene que acoger cualquier entidad pública o privada para que se permita su apertura. En España existen 17 legislaciones, al ser una competencia transferida a las Comunidades Autónomas. No he analizado todas, pero son muy similares (como sucede habitualmente). La regulación está desarrollada por las Consejerías de Asuntos Sociales y no de las de Sanidad, aunque todas las residencias han de contar con un personal sanitario y de enfermería mínimo dependiendo de su número de residentes. Dicho personal (ATS, gerocultores, psicólogos, médicos, fisioterapeutas, ATS, turnos 24 horas y fines de semana…), los servicios auxiliares (alimentación, lavandería, limpieza…), las instalaciones que se requieren y la gestión que conlleva (director de residencia, contabilidad, RRHH, compras, calidad…) hace que el coste de una plaza sea de unos 2.000 Euros de media en España.

El segundo punto que se ha criticado ha sido la precariedad laboral en las residencias, aduciendo el perverso papel de los fondos buitres en el capital de empresas que gestionan estos centros. Es cierto que se trata de un sector de sueldos bajos, pero existe un Convenio Colectivo sectorial en el que se incluyen las tablas salariales para sus profesionales. Por tanto, todas las órdenes religiosas, ONGs, pequeñas residencias o empresas privadas (solo el 25% está en manos de 10 grandes empresas) están sujetas a estas condiciones mínimas. Estas organizaciones pueden solicitar conciertos con las Consejerías de Asuntos Sociales de sus autonomías para que el coste sea asumido por el Gobierno Regional, permitiendo el acceso de muchas personas que de otra manera no podrían.

El tercer aspecto a evaluar es la calidad de servicio que ofrecen las residencias. Encontrarse con ancianos abandonados o con un maltrato en las residencias es muy complicado, ya que se trata de centros abiertos en los que la mayoría de los residentes (aunque también hay familiares que abandonan a sus mayores) reciben frecuentes visitas en las que sus familiares comprueban su estado de aseo, la limpieza de sus habitaciones, las revisiones médicas… En el caso en el que se produzcan abusos, cualquier familiar puede denunciar al Centro en un juzgado o ir a algún medio de comunicación, que estará encantado de publicar la noticia (sobre todo si se trata de alguna residencia gestionada por un fondo buitre). Así que nos encontramos en una doble situación en las residencias de gestión privada. Si no tiene Convenio con la Administración, dependen exclusivamente de captar clientes por el precio ofrecido o por la calidad de los servicios que proporcionan. Tienen que realizar una importante inversión en una infraestructura, que perderían en el caso de denuncias por mala práctica. Si tienen Convenio han de luchar por mantenerlo, cumpliendo con el servicio al que se han comprometido por contrato. Perder la concesión de una residencia implicaría su cierre como empresa y su ruina, además de la responsabilidad civil y penal en la que pudieran haber incurrido.

Por tanto, estamos ante un sistema que funciona y que presenta garantías. ¿Se puede mejorar? Por supuesto. De hecho, existen iniciativas muy interesantes protagonizadas por personas mayores (¿y si los amigos nos jubilamos juntos?) que luchan por entornos colaborativos en los que los mayores puedan mantener su independencia y permanecer con altos niveles de calidad de vida autónoma durante el mayor tiempo posible. Este sistema es compatible y no sustitutivo de las residencias, como lugar de atención a los mayores que presenten un deterioro mayor. Además, ayudará a descongestionar el sistema asistencial. Como en tantos otros sectores, el envejecimiento necesita de la presencia de iniciativas de los sectores público, privado y concertado. En Madrid, por ejemplo, el 76,5% de las plazas de residencias son privadas… lo que le coloca como la decimoquinta provincia (por detrás de provincias como Sevilla, Valencia o Barcelona).

El reto de los gobiernos de las autonomías preCOVID era gestionar el equilibrio entre dar un servicio de mayor calidad o ampliar el servicio a un mayor número de personas. Del mismo modo, la opinión generalizada de la sociedad española era la robustez de los 17 sistemas sanitarios. La preocupación preCOVID en este caso eran las listas de espera o el tiempo de consulta por paciente en atención primaria. Todo ello, con el presupuesto limitado del que disponen por el sistema de financiación aprobado por el Parlamento para la gestión ordinaria de sus competencias. Por tanto, juzguemos a la antigua normalidad con los parámetros de la antigua normalidad. No tiene sentido que en los primeros días de la pandemia se tranquilizase a la población aduciendo que tenemos el mejor sistema sanitario del mundo y que ahora queramos culpabilizar a los recortes de tener un deficiente sistema de salud.

La realidad ha sido muy cruel con España. Somos el país de Europa con más sanitarios infectados y estamos entre los que presentan más fallecidos por habitante (si no el que más). Es por eso que empieza la batalla de ver a quién culpabilizar. El chivo expiatorio sigue siendo la mascota nacional. El argumento de los medios progubernamentales es el siguiente: Si las competencias de los sistemas de atención social y las sanitarias corresponden a las comunidades autónomas y si la pandemia no implicaba la suspensión de las competencias de las mismas (ya que el estado de alarma no es la aplicación de un artículo 155) la responsabilidad de lo sucedido sería de las autonomías y no del gobierno central. Para ello, se pone el foco en la Comunidad más afectada (Madrid) en números absolutos para echar la culpa a sus gestores, mientras se obvian las cifras de otras comunidades gestionadas por su propia coalición.

¿Dónde está la trampa? Que en España existen efectivamente 17 sistemas sanitarios y asistenciales pero ni existen 17 sistemas de prevención de pandemias ni los 17 sistemas sanitarios y asistenciales están diseñados y financiados para afrontarlas. Esa competencia la tiene el Ministerio de Sanidad (Ley General de Sanidad). Por eso se creó en 2004 el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), dirigido por Fernando Simón, y se elaboraron protocolos de actuación ante pandemias de gripe. Si leéis el informe, veréis cuántas de esas recomendaciones podrían haber sido de aplicación para la COVID-19. Por eso, cuesta entender que el Gobierno de Zapatero se gastase 333 millones en vacunas y Tamiflú contra la gripe A y el de Sánchez solo comprase confianza.

Ante pandemias globales, la institución más capacitada para actuar es el Gobierno Central, tanto de manera preventiva (coordinación con la OMS y el Centro Europeo de Control de Epidemias, cierre de fronteras, limitación de movimientos…) como reactiva (capacidad para financiar los gastos adicionales que implica, compra centralizada de materiales, coordinación entre instituciones…). Por ello, el Ministro de Salud (Salvador Illa) y Fernando Simón iniciaron las ruedas de prensa desde finales enero, mucho antes de que la OMS declarase la pandemia global y el gobierno estableciese el estado de alarma. Fueron los que advirtieron que no habría más que uno o dos casos y dedicaron todo su esfuerzo en tranquilizar a la población, comunicando que había EPIs y plazas hospitalarias suficientes. Nuestro Sistema Nacional de Alerta Precoz y Respuesta Rápida (SIAPR) no funcionó.

¿Deberían haber realizado caso omiso las Comunidades Autónomas a lo que se decía por el Gobierno Central? A posteriori sí… pero habría sido un caos ver a 17 administraciones descoordinadas. De hecho, las comunidades que, como Madrid, en primer lugar abogaron por cerrar los centros de día de mayores o los colegios, recibieron fuertes críticas por ir en contra de los criterios de Sanidad. En cualquier caso, la responsabilidad es del organismo que tiene las competencias y es a quien se tiene que exigir por las consecuencias de sus acciones. Ahora se alega que el Ministerio ha estado vaciado de recursos, por lo que tampoco estaba bien pertrechado frente a la pandemia.

En ese caso, no es comprensible cómo un ministerio vaciado de funciones (que estaba dirigido por la cuota política del PSC para negociar con el separatismo catalán) y un CCAES sin apenas medios no tomaron una actitud mucho más prudente; por qué no se suspendieron actos multitudinarios; no se insistió en el distanciamiento social o no se metió miedo a la población con los riesgos de una enfermedad que cerró Wuhan y aisló grandes zonas de Italia antes de llegar a España; o por qué no se preparó un plan B para estar organizados en el caso de que sus cálculos fuesen erróneos (como efectivamente así fue). Más que tranquilizarnos, habría deseado que las autoridades nos hubiesen preocupado con la necesidad de cubrir nariz y boca para evitar contagios, en lugar de desaconsejarlo por la ausencia de mascarillas.

Ahora, en cambio, se centra toda la polémica en cómo gestionaron las Comunidades Autónomas las residencias de ancianos a partir del 24 de marzo (cuando el Ministerio dictó su protocolo de atención); en si la responsabilidad era suya o del mando único; en si se derivaron a los mayores a los hospitales o se les dejaron morir en las residencias. A mí, en cambio, me parece un debate fútil y absurdo. ¡Eso sí que es un absurdo debate de capitanes a posteriori! Los médicos, geriatras, ATS, enfermeros, directores de residencias de mayores o de hospitales, incluso políticos… se multiplicaron para reaccionar lo mejor que supieron, con protocolos elaborados en mitad del desastre, implementando IFEMA como hospital a la carrera, con médicos fabricando sus propios EPIs, sin respiradores, con profesionales infectados… Un desastre.

En Europa no estamos acostumbrados a la escasez. Y ése sí que fue un escenario de guerra en el que tienes que asumir que hay personas que no vas a poder atender porque no tienes los medios necesarios para hacerlo. Y aun así, se dio asistencia a la mayoría, con más de 10 mil derivaciones de residencias a hospitales solo en Madrid. Porque, ¿qué otra explicación se puede dar a derivaciones tardías desde residencias o no aceptación de pacientes en hospitales colapsados? ¿Que son unos nazis o que querían acabar intencionadamente con nuestros mayores? No, fueron las mejores actuaciones que supieron realizar profesionales superados y que no estaban preparados para afrontar una crisis de estas características.

Durante estos meses, multitud de profesionales (políticos incluidos) se han desvivido por salvar el mayor número de vidas de mayores, trabajando sin descanso y sin recursos suficientes. Pero se ha echado de menos a quien supuestamente tendría que haber liderado la reacción ante la crisis. El jefe del mando único social y vicepresidente segundo: Pablo Iglesias. Su única reacción fue dar 300 millones de Euros e incrementar las competencias a las Comunidades Autónomas. Una actuación que se realiza en un par de horas para hacer frente a la peor pandemia en cien años. Es decir, dar una paguita con la que no podían comprar nada (por la escasez mundial de suministros) y pasar el marrón para que se lo coman otros, sabiendo que no tenían ni la capacidad ni los recursos para asumirlo.

Lo que se habría esperado de un líder es otra cosa: mantener una comunicación constante con los Consejeros de Asuntos Sociales de las autonomías; identificar las residencias en las que se vivían las situaciones límite; visitar alguna residencia para conocer la realidad que tenía que gestionar; coordinar con la Unidad Militar de Emergencias las actuaciones preventivas y reactivas en las residencias; mantener una interlocución fluida con la patronal de las residencias privadas; convencer al Ministerio de Sanidad para que no se retuviesen los EPIs comprados por las residencias privadas y derivarlos a hospitales; establecer protocolos marco de actuación y revisar y validar los propuestos en las regiones; buscar la colaboración del sector privado para recibir donaciones de material sanitario; coordinar con las comunidades en búsqueda de excedentes de material o plazas de residencias disponibles libres de COVID en lugares cercanos; suministrar pruebas PCR para realizar de manera segura dichos traslados; proponer al Ministerio de Universidades o a la de Educación para permitir que estudiantes de últimos cursos de medicina, enfermería o FP en rama sanitaria pudiesen trabajar en residencias; evaluar con el Ministerio del Interior el soporte de policía o guardias civiles…

En resumen, ejercer un liderazgo inclusivo en el que ya no sea posible echar en cara ningún muerto a cualquier responsable de residencia o político (sea Lambán, Urkullu o Ayuso) y así convertirse en el primer responsable del éxito o fracaso en la misión encomendada. Proponer iniciativas,  trabajar en equipo, tomar decisiones, acertar… y equivocarse. Eso sería actuar como un líder, pero lamentablemente hemos tenido a un psicópata más preocupado en culpabilizar a los adversarios políticos que en salvar vidas, mientras disfrutaba en su mansión de los últimos estrenos de series de televisión. Paradójicamente, conociendo al personaje, casi lo mejor que ha hecho es no molestar… pero se agradecería también que no criticase a los que sí han trabajado. Una lástima, ya que un estado descentralizado depende de la colaboración leal entre sus diferentes administraciones para trabajar eficientemente por el interés de sus ciudadanos.

Por tanto, lo sucedido en las residencias de mayores no responde a problemas estructurales de un sistema mejorable pero que funciona razonablemente bien. Al igual que sucedió en los hospitales, fueron problemas coyunturales causados por la imprevisión ante la pandemia. Y ahora, ¿cuál es la solución? ¿Gastarnos 10 mil millones de Euros en nacionalizar todas las residencias, como propone Podemos? ¿Dedicar cientos de millones en medicalizarlas, comprando respiradores que no se han empleados en 40 años y que no se van a volver a utilizar en otros 40? ¿Duplicar la ratio de médicos y enfermeros por residente? Y si tomamos todas estas medidas, ¿qué familia va a ser capaz de pagar ese incremento de coste en una residencia privada? Si todos estos gastos los asume el sector público, ¿de dónde va a salir el dinero? ¿Vamos a tener ricos suficientes que sufraguen ese incremento de gasto? Hemos escalado en camiseta y pantalones cortos una montaña (ignorando el aviso de tormenta) y nos hemos congelado, pero la solución no consiste en ir ahora con anorak a la playa.

A problemas graves, se buscan soluciones simples. Parece que políticamente es preferible responsabilizar a recortes de la gravedad de lo vivido en España, pero países más afectados por los recortes de la anterior crisis, como Portugal o Grecia, no vivieron la masacre de personas mayores que hubo en España. Por eso, para mí el principal problema estuvo en una imprevisión superior en nuestro país y el responsable principal es de la persona que erró en su pronósticos y que no preparó planes alternativos. Tendremos que realizar inversiones para adaptarnos a la nueva normalidad y las comunidades autónomas pedirán más recursos para poder afrontar estos gastos que no estaban contemplados. Volveremos a tener que balancear entre dar un servicio de mayor calidad o atender a más personas con los recursos escasos de que dispongamos. En eso, la nueva y la vieja normalidad van a ser idénticas.

En verano prohibimos las barbacoas por el riesgo de que una chispa arrase con un bosque seco. Si se inclumple esa norma, no culpabilizamos a los bomberos por su tardanza en apagar el fuego. En España, en cambio, algunos quieren hacer camisetas con la cara (dura o blanda) de quien autorizó cientos de parrillas el árido fin de semana del 8 de marzo. Así nos ha ido. Esperemos que por lo menos se pongan en la labor de diseñar los mecanismos de prevención que nos protejan ante una más que probable segunda ola. Se lo debemos a nuestros mayores.

3 comentarios en “Residencias

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