Equiparación salarial

Ahora que ha surgido la iniciativa de equiparar los sueldos de la policía y guardia civil con los sueldos de las policías autonómicas podría surgir una segunda polémica (que nadie ha planteado) acerca de si la equiparación de sueldos se tiene que realizar al alza, a la baja o a un punto intermedio. Sé que el planteamiento es tremendamente antipático.

La equiparación de sueldos no tendría por qué ser únicamente de las Fuerzas de Seguridad del Estado, sino que se puede plantear para todos los funcionarios públicos, lo cual incluye también a médicos, enfermeros, jueces, maestros, personal administrativo, etc. de las diferentes administraciones del estado: ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas y estado central. En ese caso se estaría hablando de uniformizar las diferentes prestaciones en toda España.

En España es común reconocer que todas las personas tienen derecho a un sueldo superior al que reciben en la actualidad, ya que contar con unos salarios muy bajos en comparación con los que se reciben en Europa es uno de los problemas fundamentales que ha traído la crisis de los últimos años. Pero todos los gastos se han de realizar desde la base del principio de escasez: tenemos recursos limitados. En cualquier presupuesto, desde el familiar hasta el de una entidad pública, has de partir de los ingresos que tienes para definir lo que puedes gastar. Si estás pagando una hipoteca, la letra de un coche y el colegio de los niños, es bastante probable que tengas que renunciar a las vacaciones que tanto deseas, ya que no se puede tirar más de la tarjeta de crédito y de los préstamos.

Por tanto, si queremos subir los salarios de los funcionarios públicos, que tanto bienestar nos generan y también sufrieron los recortes en los años de la crisis, hemos de tener en cuenta que el importe adicional que supone ha de ser cubierto por cualquiera de estas seis vías:

1. Reducción en otras partidas de gasto, como puede ser la inversión en infraestructuras educativas, de salud, de agua o de comunicaciones (carreteras, ferrocarriles…).
2. Estar dispuestos a pagar más impuestos entre todos los españoles.
3. Tener una economía más productiva, que permita incrementar los ingresos con el sistema tributario actual.
4. Eliminación del fraude fiscal
5. Terminar con duplicidades de administración, acabar con gastos superfluos y aplicar la revolución tecnológica al sector público.
6. Conseguir un incremento de la recaudación mediante un nuevo sistema tributario, incrementando otras vías de ingresos más allá del IRPF.

De las seis opciones, únicamente las dos primeras vienen de decisiones a corto plazo, que se pueden incluir en el siguiente presupuesto. La tercera está influida también por la coyuntura económica (ahora mismo un crecimiento del 3% de la economía proporciona mayores ingresos), la cuarta está incrementando la recaudación (aunque se debe mejorar) y las dos últimas necesitan de reformas estructurales que todos los partidos políticos han venido prometiendo en las últimas elecciones, aunque no han conseguido dar todavía con la tecla y darían resultados a medio plazo.

Todas las alternativas hay que analizarlas en una situación actual en la que contamos con un endeudamiento público del 100% del PIB y el reto del envejecimiento de la población, con un incremento de gasto en pensiones superior al crecimiento de la economía. Determinar quién es el culpable de esa situación, no hace que ésta cambie. Es la que es y es sobre la que se debe gestionar el futuro.

Qué duda cabe que un incremento de sueldos en el sector público beneficia a todos los trabajadores, ya sea del sector público o del sector privado, ya que el sector privado tendría que incrementar los sueldos para retener el talento. Sin embargo, conlleva el reto de mayor productividad, ya que finalmente los costes en el sector productivo (que es el que paga los impuestos) han de ser compatibles con la posibilidad de colocar sus productos y servicios en un mercado global como el actual. Por ello, también se ha de dar incentivos a las empresas para realizar las inversiones que sean necesarias para hacer frente a un mercado cada vez más competitivo con mejores y mayores empresas.

La uniformidad en los salarios tiene también otro inconveniente y es que no se premia a las entidades que puedan ser más eficientes en la gestión y se limita la acción política. Por ejemplo, una Administración podría decidir contar con un 10% más de policías pagando un 10% menos de sueldo. Lo que no tiene sentido es que entidades altamente endeudadas proporcionen sueldos superiores a la media a sus funcionarios, ya que uno de los principios de lealtad institucional consiste en gestionar de manera adecuada los recursos escasos de que disponen. Lo contrario es una deslealtad, que suele dirigir las quejas a entidades de nivel superior para tapar su mala gestión mientras se compran voluntades mediante el populismo de los sueldos altos. Obviamente, siempre hay que incluir factores de corrección o solidaridad, como puede ser el caso de las áreas rurales.

La diversidad de salarios entre instituciones, por contra, tiene un nuevo reto, que consiste en evitar fronteras artificiales que primen la protección de los intereses de las personas que se encuentran dentro de ese nivel gobierno, premiando su fidelidad y desincentivando la contratación de las personas con mayores capacidades y que puedan prestar un mejor servicio a los ciudadanos (que son el centro de cualquier política). Por tanto, si en lugar de tener uniformidad tienes unidad de mercado, las personas se podrán dirigir a los lugares donde mejor se gestiona en busca de mejores oportunidades, que no tienen por qué ser únicamente salariales.

No achanquemos la responsabilidad de los sueldos bajos únicamente a la corrupción. Por mucho que sea totalmente despreciable y perseguible, no alcanza a cubrir los gastos de un incremento de sueldos. Por ejemplo, en España existen unos 250.000 policías. Un incremento de 6.000 Euros al año de su coste laboral implica un gasto total de 1.500 millones de Euros, que se tienen que aportar entre todos los ciudadanos. Si realizamos ese mismo incremento para el resto de funcionarios, podemos observar que es una factura muy alta por pagar. En cualquier caso, si se va a incluir el incremento de los sueldos en el próximo presupuesto entiendo que los políticos han realizado los cálculos necesarios para sea viable ese incremento salarial y que las FSE, que tan buen servicio prestan, se vean beneficiados del mismo, así como el resto de ciudadanos, que nos veremos favorecidos de unas mejores condiciones para las personas que velan por nuestra seguridad.

Sin embargo, en el caso de que las cuentas no cuadrasen, nos tendríamos que plantear si podemos permitirnos 250.000 policías o si tendrían que ser menos. O si tenemos que pagar menores sueldos a otros funcionarios. O si tenemos que construir menos centros de salud, colegios, AVEs o carreteras. O si podemos conseguir otro modelo de financiación que incremente la recaudación fiscal, de manera justa y equilibrada, por otros medios sin castigar la competitividad de las empresas (lo cual ya hemos dicho que no es inmediato). O, finalmente, incrementar la productividad del sector público y proporcionar mejores servicios a un menor coste global (aunque aumenten los salarios).

Este ejercicio nos demuestra cómo cambia la situación pasando de una aproximación micro, en la que todos podemos estar de acuerdo, a una aproximación macro en la que vemos lo complicado que es administrar de manera justa y sostenible. Por ello, también necesitamos contar con mejores políticos y gestores, los cuales, a mi juicio, merecerían también tener un mejor salario… pero éste sí que es un planteamiento mucho más antipático.